LA CERCANÍA DE LA ELECCIÓN EN LAS COMUNAS DESATÓ UNA GUERRA QUE OBLIGÓ LA INTERVENCIÓN DEL GOBIERNO.
En algunos pueblos dicen que el jefe comunal aprieta a aspirantes y adjudicatarios de los Fonavi para que lo voten el 27. Detectan varias transacciones ilegítimas con las casas.
La Dirección Provincial de Vivienda salió en estos días por los pueblos del sur y el oeste santafesino a explicar cómo funciona el sistema de adjudicación de unidades habitacionales, a partir de varias y repetidas inquietudes que pusieron en evidencia una práctica de presidentes comunales que –según cuentan– se parece mucho a un intento extorsivo en vísperas de las elecciones del domingo 27. “Te doy la casa, si me votás; Si no me votás, te la quito”, es el mensaje connotado que, encima, es falso porque la autoridad comunal o municipal no puede arrogarse una potestad que pertenece al Estado provincial, y mucho menos a cambio de la promesa de sufragio. Y lo que salió a la luz, como telón de fondo, es una realidad caótica que abunda entre las 65.000 viviendas distribuidas en toda la provincia: unidades Fonavi que han sido vendidas, alquiladas, y usurpadas a pesar de que la norma prohíbe esas variantes. El problema no es nuevo, pero reflota a medida que se calienta el clima electoral cada dos años, cuando llega la hora de elegir comisión comunal. Y si la vivienda es un tema que en política rinde bien, en pequeñas localidades, donde las relaciones son directas y cotidianas, mucho más. De los casos donde surgieron dudas, sobresale el de Zenón Pereyra, un pueblo de 2.000 habitantes en el departamento Castellanos, cerca de San Francisco. Algunos habitantes apuntan contra el presidente comunal, el justicialista Carlos Agosti, que el 27 va por otra reelección. Y aunque desde su gestión desmienten las denuncias y la atribuyen a una campaña de desprestigio urdida por el candidato del Frente Progresista, Sergio Toledo, hay vecinos que se animaron a contar lo suyo.
Carina Aguilera habita con su pareja y sus hijos una de las 110 casitas construidas por la provincia a través del Fonavi. “Con mi marido alquilamos esta casa de buena fe, como lo hicieron muchos vecinos del barrio. No sabíamos que no se podía, y confiábamos en que el titular pagaba las cuotas. El que nos hizo el contrato fue el secretario de la Comuna, Víctor Gallardo. Nos dijeron que con el tiempo podía quedar a nombre nuestro, pero cuando empezamos a averiguar dejaron de llegarnos los impuestos y tuvimos que dejar constancia en la Policía. Nos habíamos anotado hace seis años para tener una casa. Antes de unas elecciones, Agosti citó a a mi marido y le dijo que tendríamos la casa si lo votábamos. Le dijimos que no, y cuando pedí la chequera de las cuotas, el secretario me las negó. Una noche vino el titular de la casa, que no vive en el pueblo, y nos dijo que nos fuéramos, después nos hizo cortar la luz. Resulta que nos cobraban $150 de alquiler, después nos pedían $400, pero nunca pagaron las cuotas”, relató la mujer. Para esa situación, la Ley de Titularización de Viviendas Sociales sancionada el año pasado prioriza el derecho de quien la ocupa, aunque se haya hecho de manera incorrecta. “Hasta que la vivienda no está escriturada ni la deuda cancelada, no se puede alquilar ni vender, y el adjudicatario que la abandona sin notificarlo, pierde sus derechos. Pero como estas son situaciones que se repiten entre las 65.000 unidades que hay, la ley contempla esta realidad caótica y permite analizar cada caso, para los que compraron una casa o se la alquilaron al titular”, advirtió Alicia Pino, directora provincial de Vivienda.
Además de atajar en el entonado Zenón Pereyra Football Club, Sergio Toledo se postula por el Frente Progresista Cívico y Social para presidir la Comuna y desbancar a Agosti. Y en ese marco denunció: “Agosti les ha dado vivienda a gente que vive en el campo o que está en otro lado y se las alquila a otras familias, como si fuera una inmobiliaria. Con eso induce el voto del titular y del inquilino”.—¿Cómo puede si es la Provincia quien organiza el sistema, y la adjudicación es por sorteo fiscalizado?, preguntó este diario.“Pero el registro de inscripción se lleva en la Comuna y ahí lo manejan. Agosti mantiene su poder en base al miedo, y ahora que vienen de la Provincia a explicar, él dijo que vienen a desadjudicar a la gente”, acusó Toledo. El aludido lo desmentiría luego.
El caso de David Mendoza es parecido. Él es adjudicatario de la casa que habita hace tres años con su familia, afirma que va por la cuota 39ª y abona $168 mensuales. “Fuimos a pedirle a Agosti una adhesión para el club del pueblo, y cuando salíamos le dijo a mi señora: ‘Cuento este año con el voto suyo y el de su marido’. Mi señora le dijo que el voto es secreto, y él contestó: ‘Ah, entonces los voy a tener que desadjudicar’. ¿Por qué? Si estamos al día”, se indignó.
ANTES DE VOTAR.
En Montes de Oca se anuncia por estos días una convocatoria que algunos leen con suspicacia: la Comuna llama a la “última y definitiva actualización de datos” de aspirantes inscriptos para acceder a una vivienda. Los malpensados reparan en el período de esa revalidación: del 14 al 25 de setiembre. Dos días más tarde, será la elección comunal en la que el presidente, Miguel Bonalumi (de un partido vecinalista), buscará su reelección, como lo hace desde 2001 en este pueblo de 3.200 habitantes del departamento Belgrano. “Son 24 viviendas que hace 6 años que están en obra, al 70 por ciento. Se las prometen a todos aunque saben que no hay para todos, y diciendo que las hace la Comuna, que la provincia no tiene nada que ver”, reprochó Leandro Dietrich, el candidato opositor, por el Frente Progresista. “Siempre anuncian que terminarán las casas cuando se viene una elección. Los aspirantes se anotan y salen con el comprobante y con la promesa de que la casa es de ellos, pero hay más de cien anotados y las viviendas son 24”, agregó.
Dirigentes frentistas en Pavón Arriba y Correa describieron maniobras similares de los jefes comunales del PJ, Walter Bastianelli y Mónica Monti, respectivamente. Esto es, prometer a más familias que las viviendas disponibles.
UN CAOS.
Para Alicia Pino, el embrollo de informaciones erróneas y situaciones fuera de ley es el resultado de “30 años sin hacer regularización dominial y permitir una situación que deriva en estas confusiones e irregularidades”. La funcionaria escuchó esta semana, en Zenón Pereyra y en Montes de Oca, las dudas de la gente y las quejas sobre maniobras clientelísticas de esas comunas. “Oí esos comentarios, gente que tiene una relación conflictiva con la Comuna, pero lo importante es dejar constancia de denuncia por escrito. Es cierto que en Zenón Pereyra hay una persona que se postula por el Frente Progresista que está preocupada por la situación y buscó informarse y acercar la información a sus vecinos. Y nosotros la llevamos. Nuestra postura es regularizar; lo que ocurrió hasta acá es la valoración de otras gestiones sobre el tema”, deslindó.
En cuanto a la situación de quienes compraron o alquilaron una vivienda social, Pino recalcó: “El titular que no habita su vivienda pierde los derechos sobre ese inmueble. Y el que la habita sí tiene derechos. El sistema de adjudicación es universal. Hay un registro único en comunas y municipios con requisitos comunes que deben respetarse. Luego de la inscripción se sortean las unidades ante escribano público y con participación de la Dirección de Vivienda. La Comuna no tiene injerencia en la adjudicación. Sólo sortea después qué casa le toca a cada adjudicado, nada más”.
Agosti: “Son mentiras. Hacen política difamándome”
El jefe comunal de Zenón Pereyra, Carlos Agosti, desmintió las acusaciones y las atribuyó a “una campaña de difamación de Sergio Toledo y su gente”, dijo en alusión a su competidor en las elecciones del 27.
“Viven para denunciarme. ¿Acaso la gente es tonta y me sigue votando?”, enfatizó el justicialista, quien gobierna allí desde 1983, con un intervalo entre el ’93 y el ’95. Negó haber presionado a vecinos para que lo voten y revirtió los dardos. “Es falso porque todas las viviendas fueron adjudicadas por la Dirección Provincial en sorteo. ¿Creen que también controlo eso?”, ironizó.—¿Pero admitió la inscripción de gente que no vive en Zenón?, preguntó este diario.—No es así. Hay gente que se anotó, salió adjudicada en su momento y luego, por razones de trabajo, debió mudarse a otro pueblo o al campo. Algunas de esas viviendas fueron usurpadas y si ahora la Dirección de Vivienda acepta esa situación como regular será una monstruosidad”, opinó. Agosti se despegó de los alquileres y compraventas ilegítimas de viviendas Fonavi. “Eso es responsabilidad provincial, la Comuna no tiene nada que ver”, dijo.—Su secretario comunal habría hecho el contrato de alquiler en un caso.—Lo habrá hecho dentro de su actividad privada: un estudio donde lleva impuestos, hace seguros, y también operaciones inmobiliarias. Y no me consta que haya sido sobre una casa Fonavi, aunque si el titular terminó de pagarla puede venderla. Yo compré una vivienda de esa forma”. Este jefe comunal cobró notoriedad el año pasado, al quedar imputado de abuso sexual de una menor de edad, algo que él se encargó de desestimar ante este diario (“Todavía ni me llamaron a declarar; los referentes locales del Frente Progresista pagaron para armarme ese lío”, contraatacó). Agosti cargó contra la reunión que Alicia Pino mantuvo con vecinos del pueblo. “La directora de Vivienda vino estos días antes de las elecciones a hacer política para el candidato del Frente. Invitaron a una charla sin pasar por la Comuna, y fue Toledo el que repartió y firmó la invitación”, dijo.—Tal vez no lo invitaron a usted porque hubo gente que quería denunciarlo por el tema de las viviendas.—Esos son los partidarios de Toledo, mentirosos. Víctor Gallardo, el secretario comunal, también negó las imputaciones. “He alquilado casas particulares, no de Fonavi, y lo hice como gestión privada. Le han mentido”, le dijo a este diario. “Lo que pasa es que ellos (la oposición local) nos desprestigian porque ayudamos a los negros, como ellos nos llaman. Pero acá no hay chicos con hambre”, concluyó.
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