PROCESO DE CONCENTRACIÓN Y EXCLUSIÓN EN EL AGRO

18-09-2009 - Por Diputada Nacional Susana García de la Coalición Cívica.

Se han conocido los datos preliminares del Censo Nacional Agropecuario 2008, publicados por el INDEC, los que reflejan la intensidad y orientación concentradora del modelo productivo, más aún si se cotejan estos datos con los de los últimos dos censos agropecuarios ya que, en conjunto, se constata una caída importante de los establecimientos en producción.
En el año 1988 existían en el país 421.221 explotaciones agropecuarias y en el 2002 se registraron 333.533, mientras que los datos registrados por el último censo arrojan un total de 273.590 explotaciones. A su vez, la superficie ocupada por esas explotaciones también se redujo de 177.437.398 millones de hectáreas que ocupaban en 1988, pasaron a 171.331.163 en el año 2002 y a 153.153.822 en el año 2008.

En consecuencia, sólo en 14 años (1988-2002) desparecieron más de 100.000 explotaciones agropecuarias y en seis años (2002-2008) más de 59.000 dejaron de existir.

Estos números reflejan graves alteraciones en la estructura social agraria porque esos establecimientos que desaparecieron son productores, familias, hombres, mujeres y jóvenes dedicados al trabajo del medio rural ligados a una forma de vida que los identifica, distribuye y arraiga territorial y culturalmente. También implica la desaparición de una serie de relaciones sociales y vínculos de muchas comunidades ligadas esencialmente a la producción agropecuaria en forma principal, accesoria o relacionada, que daña directamente la microeconomía lugareña.

A su vez, han trascendido datos respecto al crecimiento de la superficie productiva de la empresa CRESUD, que creció en un 140% en los últimos cinco años (pasó de poseer 147.965 has en 2004/05 a 357.832 en la campaña 2008/09), además de las 356.796 has en reserva. Esto es un ejemplo o contracara del perjuicio social que se está produciendo y promoviendo desde el Gobierno Nacional quien consolida la posición de las empresas controladoras de grandes extensiones de tierra, sea por su compra o alquiler, especialmente en lugares geopolíticos estratégicos, a costa de la cesión de chacras, sea por venta o alquiler, por parte de los productores agropecuarios, lo que conlleva al excesivo éxodo rural, la pérdida de empleos, el desarraigo, la pobreza, la exclusión y la frustración social.

No sólo comparar los datos notifica la mentira oficial acerca de la defensa de la justicia social, la distribución de la riqueza, el cuidado de la mesa de los argentinos, entre otros aspectos que sólo se describen desde un atril en Olivos. Basta con recorrer el paisaje nacional para ver el despoblamiento rural, las crisis de los pueblos, comunidades e instituciones ligadas a la producción agraria, las grandes extensiones verdes sin población y, a la vez, un proceso de urbanización hegemónico y desequilibrado que alimenta la despoblación en la ruralidad y la marginalidad en los conglomerados urbanos. Entre tanto, se perpetúan los negocios entre los amigos del Gobierno Nacional, se utiliza el aparato del Estado para garantizar el enriquecimiento ilícito, se adquieren propiedades públicas a precios vil, se compran empresas, se avanza sobre las instituciones, se hostiga a los que opinan diferente, y demás atropellos que, por acción, omisión o pasividad, fomenta diariamente la gestión kirchnerista. Avanzamos hacia una mayor concentración no sólo económica, sino también social y política, que atenta directamente contra los sectores más desfavorecidos y explica la desigualdad profunda y dolorosa de la Argentina del siglo XXI. Un desarrollo productivo que alimente a su pueblo, cuide sus recursos naturales, contenga a su gente, distribuya equitativamente, transmita conocimientos y culturas, entre otros aspectos que tiendan a la democratización y ocupación del territorio, es el desafío de estos tiempos y es posible. No es más que la resistencia, organización, búsqueda de la dignidad y la felicidad allí donde nos tocó nacer y desarrollarnos.